El Congreso de la República viene debatiendo una nueva propuesta de ley para el sector agrario, la cual se encuentra  ad portas de ser aprobada en el Pleno. 

La iniciativa intentaría revertir los efectos generados por la Ley N.º 31110, que incrementó las cargas tributarias y laborales, afectando la inversión en el sector.

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Principales aspectos planteados:

• Ámbito de aplicación y beneficiarios

  • Sujetos comprendidos: Pequeños productores agrarios y las empresas agrarias que desarrollen principalmente actividades de cultivo o crianza. Personas naturales o jurídicas que realicen actividades agrarias o agroindustriales fuera de Lima y Callao.

  • Exclusiones: Se excluyen actividades agroindustriales vinculadas a trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza.

• Beneficios tributarios e incentivos para empresas agrarias

  • Se aplicaría una tasa preferencial del 15 % del Impuesto a la Renta del 2026 al 2035; a partir del 2036, regiría la tasa general.

  • Los pagos a cuenta del IR se calcularían con una tasa mensual reducida de 0.8 %.

  • Se otorgaría una deducción adicional del 25 % por compras a pequeños productores agrarios registrados.

  • Se permitiría la depreciación acelerada del 20 % anual para inversiones en obras hidráulicas y de riego durante el periodo 2026–2035.

  • Se aplicaría reintegro tributario del IGV sobre adquisiciones vinculadas a bienes y servicios empleados en la producción de bienes agrarios exonerados.

  • Los beneficiarios quedarían excluidos de otros regímenes especiales, como el RMT, beneficios de la Amazonía o incentivos sectoriales previos.

• Aspectos laborales y sociales

  • SUNAFIL priorizaría acciones preventivas y de orientación en zonas con alta informalidad.

  • Se promovería el cumplimiento de cuotas para la contratación de personas con discapacidad.

  • Se validarían notificaciones y documentos laborales en formato digital.

• Asociatividad y financiamiento

  • Se promovería la constitución de Empresas Productivas Capitalizadas (EPC) y Comunales (EPCC).

  • COFIDE estaría facultado para otorgar líneas de crédito de segundo piso, administrar fideicomisos y garantías, y brindar asistencia técnica y evaluación de riesgos.

  • Se establecerían esquemas de garantía parcial para facilitar el acceso al crédito y a fondos públicos y privados.

• Promoción comercial y productiva

  • Se permitiría el uso gratuito del sello “Cómprale al Pequeño Productor Agrario”.

  • Se facilitaría el reingreso a la exoneración del IGV para quienes hubieran renunciado previamente.

• Innovación, sostenibilidad y medio ambiente

  • Se fomentaría la agricultura regenerativa, el uso de abonos orgánicos, biocarbón y tecnologías limpias, y se priorizaría la conservación y mejora de semillas y germoplasma genético peruano.

  • Los proyectos productivos deberían incorporar criterios de gestión de huella hídrica y de carbono.

• Seguridad jurídica y simplificación

  • Se establecerían medidas de simplificación administrativa en trámites ambientales y municipales. Además se impulsaría infraestructura pública complementaria a través de APP, obras por impuestos u otros mecanismos.

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Esta iniciativa plantea modificar la Ley N.º 27056, Ley de creación del Seguro Social de Salud (EsSalud), con el objetivo de reformar la estructura, funciones y requisitos del Consejo Directivo y del gerente general de EsSalud, estableciendo nuevas reglas para su designación, remoción y funcionamiento.

Esta propuesta sería el primer paso para mejorar la gobernanza de EsSalud hacia una institución de seguridad social bien gestionada, transparente y eficaz, asegurando que los recursos se utilicen adecuadamente en beneficio de los asegurados.

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Principales aspectos planteados:

• El Consejo Directivo estaría integrado por tres representantes del Estado (uno de los cuales sería propuesto por el Ministro de Salud), tres representantes de los empleadores (grandes, medianos y pequeños empresarios) y tres representantes de los asegurados (trabajadores públicos, privados y pensionistas).

• Todos los miembros del Consejo y el gerente general deberían contar con formación superior, ocho años de experiencia laboral general y cinco años de experiencia específica en cargos directivos o equivalentes, preferentemente en entidades de salud o afines. Además, deberían superar un concurso público de méritos.

• Los mandatos de los miembros del Consejo serían de cuatro años y podrían renovarse solo una vez por un periodo similar.

• Se ampliarían las competencias del Consejo Directivo, otorgándole la facultad de designar y remover al gerente general, así como aprobar o modificar documentos de gestión institucional, incluyendo el Manual de Perfiles de Puestos, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la estructura orgánica y funcional de EsSalud.​

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La iniciativa busca crear un marco legal para el reconocimiento de Juntas Empresariales Locales (JEL) como mecanismos consultivos de participación del empresariado en el desarrollo económico local, subordinados a la autoridad municipal y sin funciones gremiales.

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Principales aspectos planteados:

• Las Juntas Empresariales Locales (JEL) serían organizaciones sin fines de lucro conformadas por empresarios locales. Su función sería consultiva y de apoyo al desarrollo económico y social de la jurisdicción distrital o provincial.

• No reemplazarían a las cámaras de comercio ni a los gobiernos locales, ni ejercerían funciones gremiales.

• No tendrían derecho a voto en espacios consultivos municipales, pero deberían presentar informes anuales a la municipalidad.

• Su implementación sería facultativa y dependería de cada municipalidad provincial o distrital mediante ordenanza.

• Se incorporaría el artículo 116-A a la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.º 27972) para formalizar su reconocimiento legal.

• Las municipalidades podrían revocar dicho reconocimiento por actos que afectaran el interés público o infringieran la normativa municipal.